Mientras crece la preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, dos países europeos han decidido dar un paso drástico. Francia y España se están moviendo para prohibir el acceso de los menores a las plataformas digitales más populares, abriendo un intenso debate sobre protección de la infancia y libertad.
En paralelo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que su país prohibirá el acceso a redes sociales para menores de 16 años. La medida se enmarca en un paquete de cinco iniciativas para endurecer el control sobre las grandes tecnológicas y reducir los daños que sufren los adolescentes en el entorno digital.
Las autoridades francesas y españolas justifican estas decisiones por el aumento de problemas de salud mental, ciberacoso, exposición a pornografía, violencia y contenido dañino. Informes y comisiones de expertos advierten de los efectos de la hiperconectividad, la adicción a las pantallas y la presión social constante sobre los menores.
En el caso de Francia, el nuevo proyecto se suma a leyes previas que ya prohibían el uso de móviles en escuelas e imponían condiciones para el registro de menores en redes, aunque con dificultades de aplicación. Ahora, el objetivo es un veto mucho más claro: “redes sociales antes de los 15, no”, ha sido el mensaje del Gobierno, que incluso impulsa el debate a nivel de la Unión Europea.
España, por su parte, se alinea con países como Australia, que han aprobado restricciones similares. Sánchez denunció que los menores están expuestos a un “salvaje oeste digital” marcado por adicción, explotación y manipulación, y prometió herramientas de verificación de edad más duras y cooperación con otros gobiernos europeos para asegurar el cumplimiento.
Las medidas incluyen no solo límites de edad, sino también mayores exigencias de control de datos, reducción de contenidos personalizados para menores y posibles sanciones económicas a las plataformas que no cumplan. Expertos señalan que la viabilidad real dependerá de la tecnología de verificación y de cómo se equilibren protección y privacidad.
Las iniciativas generan apoyos y críticas: algunos celebran que por fin se tomen decisiones firmes para proteger a los niños, mientras otros temen un exceso de control estatal y la dificultad de supervisar lo que ocurre fuera del ámbito escolar y familiar. También se plantea el riesgo de que los menores busquen vías clandestinas para seguir conectados, complicando el acompañamiento educativo.
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Muchos ven positiva la intención de resguardar a los menores de contenidos dañinos, pero ninguna ley puede sustituir el papel de los padres y de la formación espiritual. La Biblia llama a los padres a criar a sus hijos “en disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 6:4), lo que incluye enseñarles a usar responsablemente cualquier herramienta, digital o no.
Este es un desafío para las familias, a aprovechar estos debates para reforzar la educación en el hogar, acompañar a los adolescentes en su vida digital y mostrar que la verdadera identidad y valor no dependen de los “likes”, sino de ser creados y amados por Dios. Como recuerda Romanos 12:2, los creyentes están llamados a no conformarse a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de su entendimiento, también frente a la cultura de redes.